Cuando hablamos de creación artística contemporánea debemos pensar en la cadena de valor que, de manera cíclica e interrelacionada, pasa por la formación, la investigación, la experimentación, la producción, la difusión y la recepción. Entrados en el siglo XXI, en un Estado democrático teóricamente adulto y con pretensiones vanguardistas en Europa, se hacen evidentes ciertas carencias graves que impiden, en Cataluña, el correcto desarrollo profesional de los diferentes agentes y actores implicados en este ámbito de la cultura. Unas deficiencias gravísimas que nos acercan a los países en vías de desarrollo y nos alejan del liderazgo cultural que corresponde a una región que se pretende motor de Europa. Me refiero a la ausencia de una política cultural que acabe para siempre con la política de escaparate practicada por todos los partidos políticos, sin excepción.

La ausencia de una política intervencionista decidida de fomento de la creación en unos ámbitos tan sensibles a la presión del mercado como, por ejemplo, el de las artes visuales, comporta que tanto las instituciones públicas como las fundaciones privadas se hayan excedido abriendo espacios de difusión (exposición, publicación, distribución) físicos y virtuales, sin preguntarse de dónde sale lo que por ellos circula o bien lo que debe llenarlos y darles sentido. La difusión no es sino un eslabón de la cadena de valor de la cultura contemporánea, y cuando esta no se implica en la creación y ni siquiera está vinculada a unos medios de investigación, experimentación y producción, los artistas se ven abocados a un papel de patrocinadores de la cultura que no les corresponde y que comporta un riesgo grave de enajenación de la producción simbólica de nuestro tiempo, ya que se percibe socialmente como un entretenimiento para gente de alto poder adquisitivo.

Proporcionar acceso a la cultura no quiere decir mostrar este arte que aparece espontáneamente de la nada, o que surge a pesar de la adversidad y de forma milagrosa o fruto de un hobby de gente adinerada. En un Estado democrático avanzado, dar acceso a la cultura significa crear los servicios públicos necesarios (y, antes que nada, dotar de un presupuesto adecuado a los ya existentes) para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades de:

• formarse adecuadamente para poder disfrutar, comprender e incluso aprender a producir y criticar la creación de su tiempo
• investigar: ser competentes en una forma de conocimiento diferente de la científica o la filosófica y poder desarrollar trabajos propios con independencia, ya sea individualmente o bien bajo paraguas institucionales (hoy prácticamente inexistentes)
• experimentar formas de expresión y comunicación alternativas, paralelas o, sencillamente, diferentes a las que se utilizan habitualmente en el ámbito interpersonal, incluso —y muy especialmente— sin una finalidad concreta
• producir: tener acceso a los medios de producción independientemente de los procedimientos elegidos, ya provengan de las disciplinas de tradición artesanal, los audiovisuales, los recursos espaciales urbanos o rurales o bien los telemáticos
• difundir: utilizando las plataformas (museos y centros de arte, televisiones, radios, redes y otros espacios públicos) que son fruto de las conquistas sociales de los siglos XVIII, XIX y XX.
• recibir: de forma contemplativa e interactiva, a través de toda clase de espacios, redes, programas y equipamientos públicos, el fruto de la creación cultural de su tiempo

Nadie se plantea hoy en día una empresa productiva sostenible sin una inversión seria de capital público y privado en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Si partimos de este hecho, es obvio que queda mucho por hacer para poner este país al día. No basta con desarrollar centros de producción a lo largo de todo el territorio. Y tampoco es suficiente con crear una red que los relacione cuando ya existan. Antes que nada se necesitaría una política bien estructurada que partiera de un análisis fundamentado de los eslabones más débiles de la cadena de valor. Una política clara, con procedimientos precisos para decidir cuándo, dónde y para quién hay que desarrollar un programa de apoyo a la experimentación mediante subvenciones a fondo perdido; cuándo, dónde y para quién hay que impulsar una línea de ayudas a la investigación; cuándo, dónde y para quién hay que desarrollar un programa de créditos «blandos» para financiar producciones que se puedan devolver en el caso de que lo producido se venda; cuándo, dónde y para quién hay que desarrollar fondos de capital de riesgo a través de los cuales los artistas puedan interactuar con pequeñas, medianas y grandes empresas; y cuándo, dónde y para quién hay que reforzar el sistema educativo que nos hace ciudadanos y ciudadanas competentes en la cultura de nuestro tiempo. Debemos huir de las actuaciones arbitrarias e irresponsables que se inician por intereses partidistas y que únicamente pretenden maquillar la falta de recursos inaugurando festivales e infraestructuras que, después, no disponen de los medios económicos necesarios para desarrollar su labor cultural, cívica y social y que, en consecuencia, acaban siendo fuentes de precariedad laboral y de proletarización de los hombres y las mujeres que se dedican a la creación.

De la misma forma que la política del deporte de este país ha consolidado y ensanchado la cadena de valor en la que se articulan sus diversas prácticas, lo que ha dado como resultado un progreso en la salud y el bienestar de todos los estratos de población, también necesitamos una nueva política de la creación. Tomemos como modelo la calidad del conjunto que forman los estudios superiores de Educación Física, los equipamientos municipales de deportes que encontramos en todo el territorio, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Cataluña, la atención que le dedican los medios de comunicación tanto públicos como privados, la inversión que los clubes y las federaciones hacen en sus canteras de jóvenes talentos, las muchas actividades deportivas populares que se impulsan desde todas las administraciones, etc. Fijémonos en cómo, más allá de ser pretexto de una transformación urbana (con sus aciertos y desaciertos), los Juegos Olímpicos de 1992 supusieron el momento álgido de un impulso político de transformación cultural y económica con una amplia participación social. Y comparémoslo con el modo en que el Fórum de las Culturas (momento álgido de la cultura de escaparate) evidenció la falta de cohesión social, de autoestima y de compromiso cívico que, en materia de creación cultural, sufrimos en este país.

Así como en nuestros espacios naturales protegidos (por ejemplo, las islas Medes o los volcanes de la Garrotxa) observamos un acto de intervencionismo estatal positivo que obra en consecuencia con el conocimiento colectivo contemporáneo sobre la ecología del planeta, limitando los intereses de promotores inmobiliarios, hoteleros, pesqueros, forestales, agrícolas, ganaderos y turísticos, la ecología de la cultura nos insta a preservar, potenciar y proteger la tan necesaria diversidad cultural de la que aún disfrutamos. Una diversidad y una riqueza culturales que son fruto del esfuerzo de resistencia realizado por creadores y creadoras frente a la dinámica unificadora del consumo y que, paradójicamente, se nos muestra en un estado de deterioro y de amenaza de extinción tan remarcables como su capacidad de regenerarse y de regenerarnos constantemente. Conocemos los peligros de la especulación y de la utilización de la creación como valor refugio de los inversores neoliberales (paralelamente al fenómeno que se produce en el sector inmobiliario). Hay evidencias de la connivencia entre algunos museos, fundaciones, galerías y free riders del sector que actúan desde la irresponsabilidad civil y con la clara voluntad de conseguir un enriquecimiento ilícito y una rentabilidad electoral a costa de la explotación laboral a la que someten a los creadores y las creadoras. Una explotación que se hace evidente en la escasez de contratos por escrito, la falta de respeto hacia los derechos morales y económicos, y las bajas prestaciones sociales y salariales que sufren los creadores y las creadoras cuando ejercen sus múltiples labores profesionales y cívicas como formadores, investigadores, experimentadores, productores, difusores o receptores de la creación contemporánea.

En definitiva, Cataluña necesita con urgencia una política que fomente la creación de una forma socialmente justa, responsable y verdaderamente accesible para el conjunto de la ciudadanía. Una política cultural que sitúe a Cataluña como laboratorio de creación por excelencia dentro del Estado español y en el conjunto de Europa. Posiblemente no habrá ningún partido político que encuentre la forma de justificar unas políticas tan intervencionistas y un incremento tan importante de los presupuestos de Cultura como los que se necesitarían para superar nuestros déficits y alcanzar estos objetivos. Por eso, es necesario completar el proceso de creación de un verdadero Consejo de las Artes que sea capaz de superar este estado de parálisis y de instrumentalización partidista que he comentado en este breve análisis.

Roc Parés i Burguès
Artista